Las cooperativas de transporte advierten al Gobierno que un cambio radical en su tributación destruirá más de 15.000 puestos de trabajo.

En Asamblea acuerdan exigir la eliminación de todas las medidas discriminatorias y limitativas de su actividad y la concesión del plazo necesario para cualquier adaptación fiscal.

Este miércoles 20 de Enero en Madrid se ha celebrado una Asamblea informativa con la asistencia de más de 300 cooperativas de transportistas de trabajo asociado que agrupan a 16.000 autónomos asociados, para acordar una actuación conjunta ante las actuaciones que se están impulsando desde el Gobierno en contra de su desenvolvimiento e incluso supervivencia.

Dicha Asamblea ha sido presidida por el Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas (FENACOTRANS), D. José Luis Ayuso;  el Presidente de la Confederación Española de la Economía Social (CEPES), D. Juan Antonio Pedreño; el Presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de España (UCOTRANS), D. Juan Antonio Millán; y el Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), D. Julio Villaescusa.

Los asistentes han manifestado su preocupación por la situación que están atravesando las cooperativas de transporte, que lejos de impulsar su desarrollo como fórmula válida para estimular el crecimiento del sector del transporte por carretera y la creación de nuevo empleo emprendedor ante la difícil situación económica actual, por el contrario están siendo objeto de diferentes ataques y obstáculos que están dificultando su normal desenvolvimiento, entre otras, la referida a su régimen fiscal aplicable, al pretender variar la forma de tributación de dichas cooperativas respecto a la que se venía aplicando en los últimos 25 años, lo que consideran absolutamente irracional e inoportuno en el momento económico actual.

Asimismo han puesto de relieve que la crisis económica actual no hace aconsejable imponer cambios bruscos en el desarrollo de las cooperativas de transporte que pudieran poner en peligro el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo que dependen de ellas, máxime cuando al tratarse de transportistas autónomos en caso de pérdida no recibirían protección social alguna, lo que motiva la necesidad de establecer un tiempo de adaptación suficiente para introducir cualquier cambio.

En este sentido, las cooperativas de transporte manifiestan su queja por la falta de reconocimiento por parte de la Administración actual de la labor social que realizan las cooperativas de transporte por ser la figura jurídica más adecuada para dar respuesta a las necesidades de los transportistas autónomos, aprovechando las ventajas de competitividad, producción y de eficiencia en la gestión que de su vehículo hace el autónomo, que sin embargo precisan de una entidad superior para conseguir una mayor optimización en la comercialización y en la prestación de servicios a sus clientes, así como en la adquisición en común de bienes y servicios para el ejercicio de su actividad en condiciones económicas ventajosas.

Por ello, los asistentes a la Asamblea han acordado plantear al Gobierno una propuesta de reivindicaciones en los siguientes términos:

1.      La concesión de un plazo suficiente (no inferior a un año) que permita a las cooperativas de transporte afectadas llevar a cabo las adaptaciones que sean necesarias tanto en sus estructuras como en su funcionamiento a fin de no impactar en el mantenimiento del empleo en la actual coyuntura económica.

2.      El análisis y concreción de las diferentes posibilidades de facturación y régimen fiscal aplicable en el ámbito de la cooperativa de transporte.

3.      La eliminación de las medidas discriminatorias y limitativas existentes en la legislación actual de transporte, que dificultan la actividad de las cooperativas de transporte.

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