El Ministerio de Medio Ambiente retrasará 5 años la obligatoriedad para los transportistas de residuos y de mercancías peligrosas de suscribir una garantía financiera.

Dicha obligación viene recogida en la Ley de Responsabilidad Medioambiental.

Como se recordará, la ley 26/2007, de 23 de Octubre de Responsabilidad Medioambiental, que traspone al ordenamiento español la Directiva europea 2004/35/CE regula la responsabilidad de las empresas de los diferentes sectores económicos de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el art. 45 de la Constitución española y con los principios de prevención de quien contamina paga. Dicha ley, que entró en vigor el 30 de Abril de 2007, regula un régimen de garantías financieras obligatorias para cubrir dichos riesgos, las cuales serán reguladas mediante Orden Ministerial a aprobar por el Ministerio de Medio Ambiente inicialmente prevista para el pasado mes de Junio.

Por lo que respecta al sector del transporte por carretera, la propia Ley establece que estarán obligadas a suscribir dicha garantía financiera (que podrá hacerse mediante la contratación de un seguro o un aval o mediante una reserva técnica) las empresas de transporte dedicadas a una de estas dos actividades:

·         Transporte de cualquier clase de residuos.
·         Transporte de mercancías peligrosas o contaminantes
·         Transporte de microorganismos modificados genéticamente.

Ante la preocupación por las consecuencias que dicha obligación podía suponer para las empresas transportistas afectadas, FENADISMER y las demás asociaciones nacionales del Comité Nacional mantuvimos una reunión este viernes 23 de julio con la Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, cuyos acuerdos principales son de una parte que la entrada en vigor de dicha exigencia se retrasará al menos 5 años lo que se recogerá en una Orden Ministerial que se aprobará en los próximos meses, y de otra parte la constitución de un Grupo Técnico entre representantes del Ministerio de Medio Ambiente y de las asociaciones con el objetivo de consensuar los criterios técnicos que garanticen una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a fin de calcular el importe de la garantía financiera. Asimismo se le solicitó a la Directora General que dicho Grupo establezca criterios homogéneos para su aplicación por las Comunidades Autónomas ante la actual situación de disparidad de criterios que dificultan la actividad de las empresas transportistas que operan en estos subsectores de actividad al solicitar las correspondientes autorizaciones medioambientales.

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