La Asamblea de Fenadismer acuerda con la Inspección de Trabajo un Plan de control contra la “rumanización” de las empresas de transporte españolas y contra los centros logísticos donde se realizan las labores de carga y descarga.

Asimismo rechaza el proyecto de modificación de la LOTT por insuficiente al no establecer medidas de protección real para los transportistas.

La Asamblea General de FENADISMER, reunida este lunes 11 de Marzo en Madrid ha analizado la gravísima situación que atraviesan las empresas transportistas españolas, afectadas por el fuerte incremento de los costes de explotación, especialmente del precio del gasóleo, que contrasta con la disminución de los precios que perciben por sus servicios, la dilación en los pagos por parte de las empresas cargadoras e intermediarias, la importante reducción de la actividad y la competencia desleal creciente que están soportando por parte de empresas situadas en terceros países, lo que va a provocar a corto plazo la destrucción del actual tejido empresarial del transporte español, afectando tanto a las pequeñas como a las grandes empresas, sino se adoptan de forma urgente medidas de protección que permitan a las empresas transportistas españolas afrontar la actual crisis económica.

En este sentido, la Asamblea de Fenadismer ha acordado poner en marcha un Plan de inspección en colaboración con la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo para perseguir la “rumanización” de las empresas de transporte españolas, esto es, para actuar contra los grandes empresarios de transporte españoles que están procediendo a desmantelar sus empresas radicadas en nuestro país, con el consiguiente despido laboral de sus conductores asalariados, y aprovechándose de la regulación del mercado único de transportes en el seno de la Unión Europea proceden a crear una empresa de transporte en un país del Este de Europa principalmente (Rumanía o Bulgaria) para continuar realizando los mismos tráficos en España que venía prestando con anterioridad, aprovechando los menores costes fiscales y laborales que presentan dichos países, procediendo a contratar conductores profesionales de dichos países a los que se les impone condiciones de trabajo más desfavorables de las previstas en la legislación española.

En base al Plan de inspección diseñado con el Ministerio de Empleo, la Inspección de Trabajo va a controlar si las citadas empresas extranjeras están aplicando correctamente la vigente legislación española relativa al desplazamiento de trabajadores por parte de empresas situadas en terceros países, las cuales están obligadas a garantizar a dichos trabajadores, sea cual sea la legislación aplicable a sus contratos de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral española relativas a tiempo de trabajo, cuantía del salario y prevención de riesgos laborales, entre otras.

Asimismo la Inspección de trabajo controlará si las citadas empresas cumplen la obligación legal de comunicar el desplazamiento de los citados trabajadores, antes de su inicio y con independencia de su duración, a la autoridad laboral española competente.

Por otra parte, la Asamblea de Fenadismer ha acordado iniciar una campaña de denuncias contra los centros y áreas de almacenaje y distribución de mercancías, especialmente en grandes centros logísticos del sector de la alimentación, por los abusos que están padeciendo los transportistas que son obligados a efectuar las tareas de carga y descarga de las mercancías que transportan, vulnerando en la mayoría de los casos la legislación laboral en materia de prevención de riesgos laborales, así como la existencia de una situación de economía sumergida, al llevar a cabo unas tareas no retribuidas y, por tanto, carentes de la correspondiente tributación fiscal.

Por último, la Asamblea de Fenadismer ha valorado negativamente el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobado por el Gobierno el pasado mes de Diciembre y actualmente en trámite parlamentario, al considerarlo insuficiente por no haberse establecido medidas de protección reales que permitan a las empresas transportistas españolas poder garantizar respecto de los precios de sus servicios el cuánto, el cuándo y el cómo, esto es, medidas eficaces para reforzar su capacidad de negociación ante sus clientes, de modo similar a como ya se encuentra regulado en los países de nuestro entorno, principalmente Italia y Francia. Por ello, si durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley no se introducen dichas medidas efectivas, Fenadismer advierte de que ocasionará una profunda frustración al colectivo de transportistas, lo que provocará una reacción de rechazo a la misma.

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