La actual situación extraordinaria que vivimos está teniendo un fuerte impacto sobre la población en general, y en particular en determinados sectores profesionales, que están extremando sus esfuerzos para dar un servicio esencial para la sociedad, exponiéndose a múltiples riesgos. Es en momentos como los actuales donde se visualiza más la labor sacrificada que desarrollan miles de trabajadores que son considerados esenciales, de los que es ineludible reconocer el ímprobo trabajo que están llevando a cabo los transportistas españoles, como héroes anónimos y permanentes que se pasan semanas o incluso meses sin regresar a su hogar durante toda su vida laboral, viviendo en la soledad de la cabina de su camión de tan sólo tres metros cúbicos e incluso cocinándose en un infernillo su comida diaria.

 

Sin embargo, resulta paradójico que a la vez que se destaca el carácter esencial del colectivo del transporte por carretera, curiosamente muchas de las medidas que se están adoptando sean principalmente cambios normativos tendentes a incrementar el sacrificio de los conductores profesionales, además de dudoso o nulo beneficio para la empresa de transporte.

 

Que se aproveche una situación como la provocada por la pandemia para reducirles aún más su tiempo de descanso e incrementar su tiempo de trabajo flexibilizando el Reglamento europeo 561/2006, es una medida que sólo puede justificarse por la necesidad de garantizar que se llenen los lineales de los puntos de venta de los productos indispensables para el consumo de las familias, y para atender las demandas de equipamientos y otros bienes para los servicios sanitarios y de otras actividades esenciales.

 

Por eso, una vez superada esa situación perentoria, es indispensable que se vuelva al cumplimiento riguroso de la regulación europea, para que los profesionales del sector, unos de los colectivos más sacrificados de todas las actividades que se desarrollan en la Unión Europea, recuperen su protección mínima que les propicia dicha normativa, después de décadas de lucha y reivindicación por dotarse de esta regulación, que todavía dista de la que el Estatuto de los Trabajadores establece para los demás sectores de actividad.

 

Además, como ya es algo reconocido tanto en el ámbito privado como en el público, la actividad en el sector transporte de mercancías se ha reducido en torno a un 50 %, y en cuanto a las especialidades de transporte que todavía prestan servicios se han incrementado de manera importante los traslados en vacío, aumentando los costes de explotación sin percibir contraprestación alguna por este concepto.

 

Asimismo es mezquino que algunos grandes empresarios de transporte, incluso en una situación como la actual, sólo piensen en buscar rentabilidad o viabilidad a sus empresas dirigiendo sus recortes hacia la parte más débil de la estructura de costes de explotación de su empresa, como es la partida de personal. Esto evidencia que lo que no se es capaz de defender con determinación y criterio empresarial aplicando precios justos en el mercado, se intente paliar con subterfugios propios de empresarios sin ningún tipo de escrúpulos y con mentalidad cortoplacista, y además sin consideración alguna hacia quienes sufren las consecuencias de su actuación, ya sea a las personas que están a su cargo o bien al interés general,  utilizando para ello fórmulas de deslocalización en países con menores costes fiscales y sociales, para seguir compitiendo en nuestro mercado de transporte de forma desleal e irracional.

 

En el ámbito político hay que valorar positivamente el levantamiento de las restricciones a la circulación de los transportistas para facilitar su trabajo, así como la aprobación de diferentes normas administrativas instando a que en sus lugares de paso y de trabajo se atiendan sus necesidades de aprovisionamiento y aseo personal , lo demuestra una vez más el desafecto social e institucional  a este sector tan esencial, del que sólo se acuerdan los poderes públicos cuando hay que recaudar más o para restringir su actividad por ser considerados molestos para el resto de ciudadanos.

 

Lo que en todo caso resulta incomprensible es que, pese a que esté plenamente justificado desde un punto de vista sanitario y corroborado por la Comisión europea, el Gobierno aún no haya establecido la prohibición de que los conductores de vehículos pesados participen en las labores de carga y descarga en las plataformas logísticas, limitándose a hacer una mera recomendación a las asociaciones de cargadores cuyos asociados viene reiteradamente incumpliendo, y que supone colocar al transportista en una situación de debilidad y de desprotección con el consiguiente riesgo de contagio mientras dure la pandemia. Hay que tener en cuenta que un transportista puede estar cargando y descargando en diferentes lugares en un mismo día, con lo que ello supone de posible vector de transmisión para ellos mismos, para otros trabajadores, y para sus propias familias.

 

En lo que todos coincidimos es en que el futuro muchas cuestiones que hasta ahora no merecían consideración alguna serán diferentes, y en el que el sector del transporte  jugará un papel esencial, para lo que será necesario profundos cambios que mejoren el ejercicio de la profesión de los transportista en España y en el resto de la Unión Europea, evitando que sigan viviendo de manera permanente a bordo de sus cabinas jornadas completas 24 horas al día, a plena disposición de su empresa, a cambio de un mísero salario que en muchos casos no supera los tres euros la hora. Esperemos que el futuro depare mejoras que hagan esta profesión más atractiva, para que fluyan nuevas vocaciones al sector del transporte por carretera, confiando que sea el móvil determinante para que los jóvenes actuales se dediquen a este noble y gratificante oficio.

 

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