Rechazo al cobro de tasas por el uso de las carreteras guipuzcoanas
Fenadismer advierte que el establecimiento unilateral de una tasa a los camiones por el paso por las carreteras guipuzcoanas puede vulnerar la normativa de traspaso de competencias del Estado al País Vasco.
La Diputación de Guipúzcoa estudia aprobar esta medida este jueves que afectará diariamente a más de 7.700 camiones pesados.
La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), organización de ámbito nacional que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte por carretera ha transmitido formalmente a la Diputación de Guipúzcoa su rechazo absoluto a su proyecto de establecimiento de una tasa a los camiones guipuzcoanos y del resto de España cada vez que transiten por las principales vías que atraviesan dicha provincia, que en una primera fase afectaría, entre otras, a la Nacional 1 y la Autovía A-15.
Dicha medida, que será debatida este jueves en las Juntas Generales de Guipúzcoa, pretende convertir a las actuales vías gratuitas de alta capacidad que discurren por su territorio en viales de peaje mediante el establecimiento de cabinas de control en dichas vías por las que se podría cobrar, según el estudio técnico encargado por la propia Diputación, un peaje de 6 euros en el puerto de Etxegárate (Nacional 1), otro peaje de hasta 9 euros en el puerto de Descarga (Autovía Bergara-Beasain), y en una segunda fase otro peaje en la Autovía A-15.
Dichas vías son utilizadas de forma importante por los transportistas españoles en su tránsito hacia Europa, calculándose en más de 7.700 camiones diarios los que transitan por las mismas, por lo que la implantación de dicha medida afectaría de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea.
Además Fenadismer considera que el establecimiento unilateral de dicha medida por parte de la Diputación de Guipúzcoa podría vulnerar el Decreto del Gobierno español sobre traspaso de competencias del Estado al País Vasco en materia de carreteras al establecerse la obligatoriedad de que la Administración autonómica adopte los mismos objetivos que los establecidos por el Estado para dichas vías nacionales “a fin de asegurar la conveniente coordinación entre los tramos de las mismas comprendidas dentro del actual territorio de la Comunidad Autónoma Vasca”.
