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  • Las asociaciones nacionales de transportistas se reúnen con la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa para exponer su rechazo a la nueva tasa para camiones.
  • Guipúzcoa recauda hasta un 400% más por el impuesto de hidrocarburos del gasóleo consumido por los vehículos de transporte que circulan por su red viaria.

 

Este viernes 29 de septiembre, en la sede de la Diputación Foral de Guipúzcoa, FENADISMER junto con las restantes organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, han mantenido una reunión con la Diputada Foral de Infraestructuras, Aintzane Oiarbide, como consecuencia de la aprobación el pasado mes de Diciembre del establecimiento de un nuevo peaje para todos los camiones de más de 3’5 toneladas que circulen por determinadas carreteras guipuzcoanas, que se pondrá en marcha a partir del próximo mes de Enero.

 

Como se recordará, el nuevo gravamen recaudatorio se aplicará inicialmente tanto en la N-I (carretera de Madrid a Irún) como en la A-15 (Autovía de Navarra a Guipúzcoa), mediante la instalación de tres pórticos en Irún, Andoaín y Echegárate de control del pago de los peajes, lo que supondrá para los más de 6.000 camiones que diariamente circulan por dichas vías abonar un canon de hasta 10 euros por trayecto.

 

Durante la reunión, las asociaciones nacionales de transportistas han manifestado su absoluto rechazo a la nueva medida impositiva, ya que a su juicio el nuevo peaje resulta discriminatorio, al haberse situado los pórticos de control únicamente en los extremos sur y norte de la provincia, con una clara voluntad de eximir de su aplicación a los transportistas locales y gravar exclusivamente a los transportistas del resto de España, que utilizan dichas carreteras como tránsito obligado hacia el resto de Europa.

 

En este sentido, contrariamente a lo manifestado días atrás por el Diputado General foral, Markel Olano, en el sentido de que la Comisión Europea había “bendecido” el nuevo peaje sobre la N-I, las asociaciones han aclarado a la Diputada de Infraestructuras que el informe recientemente emitido por dicha institución europea sólo valida la metodología utilizada para el cálculo de la tasa, pero expresamente señala que no entra a valorar otros aspectos del nuevo peaje guipuzcoano, entre otros, el posible discriminatorio recogido en la norma foral, cuyo análisis corresponde a las instancias judiciales. A este respecto, cabe recordar que el pasado mes de Febrero el Comité Nacional de Transporte por Carretera interpuso el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el  Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el cual se encuentra aún pendiente de resolución judicial.

 

Además, las asociaciones de transportistas han recordado a la Diputada Foral que los transportistas del resto de España ya contribuyen sobradamente vía impuestos al mantenimiento de las carreteras guipuzcoanas, como lo demuestra el hecho de que en dicha provincia se suministraron en 2016 más de 780 millones de litros de gasóleo A, principalmente procedentes de los vehículos de transporte, lo que supone un porcentaje casi un 400% superior al consumido en otras provincias españolas con una flota de transporte similar a la guipuzcoana.

 

Ello permitió a la Diputación Foral recaudar en concepto de impuesto de hidrocarburos en torno a 380 millones de euros en el último año, lo que contrasta con los apenas 44 millones de euros que destinaron en sus presupuestos al mantenimiento de carreteras, de los cuales sólo 15 millones a carreteras generales.

 

Por ello, las asociaciones de transportistas han reiterado a la Diputada Foral su rechazo al establecimiento del nuevo peaje, por lo que se plantearán llevar a cabo diferentes medidas de presión en contra de la misma, que serán concretadas este mes de Octubre, sin perjuicio de manifestar su predisposición a abrir una línea de diálogo con la Diputación General que evite dichas movilizaciones.

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