• La Comisión Europea impuso en 2017 a Scania una multa de 880 millones de euros por participar junto con las otras cinco marcas en el cártel europeo de fabricantes de camiones, que fue confirmada por el Tribunal General de Justicia de la UE en 2022, desestimando el recurso planteado en su día por la marca.

 

  • Sin embargo, Scania decidió recurrir en casación, que deberá resolver este jueves 1 de Febrero por el Tribunal de Justica europeo, que en caso de desestimarlo abriría finalmente la posibilidad a que los transportistas que adquirieron camiones de dicha marca puedan presentar ahora su reclamación por el sobrecoste aplicado en su día.

 

 

Como ya informó FENADISMER en su día, Scania decidió apelar en casación contra el fallo dictado en 2022 por el Tribunal General de la Unión Europea en el que confirmaba su participación en el cartel de fabricantes europeos de camiones y en consecuencia la sanción impuesta a esta marca por la Comisión Europea en 2017 por importe de 880 millones de euros, en un intento “a la desesperada” por evitar las importantes consecuencias económicas que la multa representará en su situación financiera, así como las posibles reclamaciones a las que tendrá que hacer frente.

 

En este sentido, según ha podido conocer FENADISMER, está previsto que este jueves 1 de febrero el Tribunal de Justicia europeo Resuelva definitivamente sobre la participación de Scania en el referido cártel, por lo que si desestima el recurso, abrirá finalmente la vía judicial para que todos los afectados que adquirieron un vehículo de dicha marca, puedan interponer las correspondientes reclamaciones por los perjuicios ocasionados en la concertación de los sobreprecios aplicados en la venta de camiones en toda Europa durante el período que duró el cartel, conjuntamente con los otros 5 fabricantes, lo que afectó a un total de 10 millones de camiones, de los que aproximadamente 200.000 correspondieron a camiones adquiridos en España

 

Cabe recordar que la sanción impuesta a Scania fue la de mayor importe económico que la Comisión Europea impuso a las marcas participantes en el cártel europeo, superando a las multas impuestas a cada uno de los cinco restantes fabricantes europeos participantes en el cártel (Daf, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo), todas ellas motivadas por haber quedado probado que, durante más de 14 años, desde 1997 hasta 2011, concertaron la fijación en los precios de venta de dichos vehículos en perjuicio de sus clientes, fundamentalmente transportistas, y retrasaron deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones de sus vehículos, lo que conllevó una multa record por un importe total cercano a los 4.000 millones de euros en conjunto a todas las marcas.

 

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