• La intención del Gobierno de Navarra de establecer peajes en cinco carreteras nacionales en su territorio evidencian una política absolutamente errática y de nula consideración y respeto hacia el sector del transporte por carretera.
  • Las asociaciones navarras de transportistas rechazan la medida por considerarla injusta, discriminatoria y poco ajustada a la realidad.

 

 

En una nueva prueba de su actuación errática y de clara voracidad recaudatoria, el Gobierno de Navarra anunció hace unos días su intención de aprobar un plan para imponer peajes a los camiones en cinco carreteras de su comunidad, en concreto en las vías A121A, A10, A15, A1 y A68 a razón de 0,2060 euros el kilómetro, con el objetivo de recaudar unos 45 millones de euros al año de los camiones, de los que 15 millones se destinarían sólo a la instalación de los pórticos de pago y al desarrollo de la tecnología para su gestión, que llevaría a cabo una empresa pública de nueva creación.

Ante este nuevo despropósito, FENADISMER critica los constantes cambios de posición que el Gobierno Foral ha venido manifestando en esta materia en los últimos años, defendiendo una cosa y la contraria, lo que denota su absoluta falta de criterio y de consideración hacia un sector esencial como es el transporte por carretera, como así ha quedado acreditado en las última semanas.

 

Además FENADISMER considera que dicha iniciativa supone una evidente contradicción con la posición histórica mantenida por la totalidad de las formaciones políticas navarras en contra del establecimiento de peajes a camiones. Así cabe recordar la reacción tan contundente de rechazo contra la decisión en su día por parte de la Diputación de Guipúzcoa de establecer peajes a los camiones en la N-1 y A-15, lo que se manifestó mediante una moción parlamentaria aprobada en Octubre de 2017 en el Parlamento autonómico, y que fue respaldada por  las 7 formaciones políticas con representación en dicho órgano legislativo. 

Por ello, ante este nuevo ataque del Gobierno foral al sector del transporte por carretera, las asociaciones navarras de transportistas han reaccionado de forma muy negativa a la propuesta presentada. Así, la asociación navarra TRADISNA, federada en FENADISMER, ha manifestado públicamente su absoluto rechazo a la medida por considerarla discriminatoria, injusta y poco ajustada a la realidad ya que el transporte contribuye sobre manera a la financiación del Estado con sus impuestos y llega en un momento de máxima recesión, con serios problemas económicos y de liquidez en todas las empresas de transporte.

 

A tal, fin, las asociaciones navarras de transportistas han elaborado un comunicado de prensa conjunto bajo el título “NI UN IMPUESTO MÁS A LA SOCIEDAD” que se transcribe a continuación:

 “ El tránsito del transporte de mercancías por la N121A ha sido y sigue siendo objeto de controversia en Navarra desde hace muchos años. Las voces cuya opción es sacarnos de dicha vía a toda costa se hicieron más fuertes a comienzos de este 2020, y meses más tarde, exactamente el 11 de marzo, nos encontramos con que la intención del Gobierno de Navarra era cobrar peajes a los camiones en los túneles de esta carretera como medida disuasoria.

 

La llegada del COVID-19 y la instauración del Estado de alarma ha puesto de manifiesto el papel imprescindible que desempeña el transporte en el sustento de nuestra economía . Han sido meses difíciles en los que el sector se ha enfrentado a situaciones muy duras sin haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno Foral. Nos hemos sentido solos, y cuando parecía que empezábamos a ver la luz, supimos que sus intenciones van todavía más allá. La pasada semana, pocas horas antes de hacerlo público a los medios, nos convocaron a una reunión en la que nos trasladaron que están estudiando la posibilidad de implantar peajes solo a vehículos pesados en la N121A y las autovías A1, A10, A15 y A68 para obtener 45 millones de euros al año.

 

Y así, en cuestión de días, hemos pasado de ser imprescindibles para el sustento de la población a serlo para el sustento de un Gobierno sobredimensionado . Esperamos que esta sea la última de las sorpresas que nos tienen preparadas.

 

El Departamento de Cohesión Territorial fundamenta esta decisión en los principios de “quien usa paga” y “quién contamina paga”, principios que es evidente no se pueden trasladar sólo al vehículo pesado. Si las infraestructuras son un servicio público, lo lógico es que las paguemos entre todos con cargo a presupuestos . Es más, si cada año se hubiera dotado presupuestariamente la cuantía que el propio Plan de Carreteras establecía, hoy no estarían poniendo al transporte contra las cuerdas. En un escenario que se prevé de recesión y ante una clara falta de presupuesto, se está cargando al sector privado algo que debería haber sido asumido hace mucho tiempo por el sector público. Tampoco entendemos en que se basa la política “quién contamina paga”, ya que no tenemos unas tarifas que discriminen el nivel de contaminación de los distintos vehículos.

 

De hecho cabe destacar que las empresas de transporte ya pagamos por los costes sociales a través de varios impuestos, por lo que ya se están compensando las externalidades que genera . El estudio realizado por la Fundación Francisco Corell estima que la fiscalidad específica es nueve veces superior al coste externo ocasionado por las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y casi ocho veces mayor, si tenemos en cuenta además los gastos ocasionados por el deterioro de las infraestructuras.

 

Para TRADISNA y ANET esta no es una medida disuasoria como nos quieren hacer creer, es un impuesto en toda regla y lo vamos a pagar entre todos . Somos los transportistas navarros los que vamos a hacer de principales pagadores iniciales, no siendo tan alta la aportación que hagan los transportistas procedentes de fuera de Navarra. Este sistema funciona en los países centroeuropeos, donde no podemos negar que hay una alta implantación dado que circulan en mayor medida transportistas de fuera de su país, pero no es así en países periféricos como España, por lo que seremos los transportistas locales los que terminaremos pagando.

 

En los últimos días hemos escuchado que somos unos destroza carreteras, cuando es la falta de mantenimiento la que ha hecho que durante más de 12 años las infraestructuras se deterioren altamente teniendo un alto coste de reposición a día de hoy , y cuando el flujo de los vehículos turismos tiene unas IMDs muchísimo mayores. Además parece que se nos olvida que los transportistas navarros también circulamos fuera de nuestra Comunidad Foral.

 

La aportación del sector a las arcas de la Hacienda Foral en el ejercicio 2019 asciende a 275 millones (7.05% del total de recaudación), aportación muy superior a la de las obras de los túneles, la adecuación de la N121A al 2+1, y a las cifras manejadas por el Plan Director de Carreteras para su mantenimiento. Así pues, podría decirse que en 5 años de aportación directa tendríamos los túneles de Belate y Almándoz adecuados, una autovía en la N121A con salida directa a Francia, y mantenimientos adecuados de todas las carreteras navarras. Sin olvidar que los transportistas procedentes de otros lugares también repostan, comen y dejan impuestos aquí.

Tampoco podemos olvidar que el coste de estos peajes que quieren instaurar en la N121A y las autovías A1, A10, A15 y A68 repercutirá en la fabricación y el precio final del producto que paguen los consumidores. Todo ello se traduce en pérdida de competitividad para las empresas navarras (que tampoco recibirán ningún tipo de ayuda), su posible fuga a provincias limítrofes y limitaciones a la implantación de empresas que se quieran establecer en nuestra Comunidad. Por lo tanto, acaba siendo un impuesto encubierto a toda la población en un periodo de crisis en el que se debería de trabajar en buscar más ayudas que costes.

 

Por último, cabe destacar que si estamos copiando al País Vasco, habría que tener en  cuenta que la Comunidad vecina ya tiene un recurso perdido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco , y que tendrán que revertir los importes a los transportistas en caso de que no se considere sujeto a derecho, con el enorme gasto que eso supone.”

 

 

 

 

 

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