Hace poco más de un año, la Federación Empresarial de Repartidores de GLP, organziacion mimbero de FENADISMER, recibió con esperanza la Orden TED/211/2025, que prometía revisar los costes de distribución con ajustes progresivos acordes a la realidad del sector. La práctica, sin embargo, ha sido bien distinta: la primera actualización de la fórmula de revisión se saldó en 2025 con una revisión del -1,03 % —es decir, una bajada de la retribución reconocida, muy por debajo de los costes reales— y, además, un sistema de revisión que arrastra un retraso de cerca de dos años entre lo que cuesta de verdad el reparto y lo que la fórmula acaba reconociendo a posteriori.

Esto choca con la publicación por parte del Ministerio de Transportes de su informe trimestral sobre el transporte de mercancías por carretera, y las conclusiones son preocupantes: durante los primeros meses de 2026 los costes han vuelto a dispararse mientras la actividad sigue cayendo. Es decir, transportar cuesta cada vez más y, sin embargo, se transporta cada vez menos.

El principal responsable es el precio de los carburantes, que se ha encarecido con fuerza al calor del conflicto en Oriente Próximo y se ha convertido ya en la mayor partida de gasto de un camión, por delante incluso del personal. A ello se suman una inflación que sigue tensionada —con el IPC en el 3,2 % el pasado mayo—, el alza de los costes salariales y el de los seguros. El resultado es que mantener un vehículo en circulación resulta hoy mucho más caro que hace un año, cada viaje deja, por tanto, un margen más estrecho.

Esta situación golpea a la actividad de distribución de gas envasado, y con especial dureza a los cientos de pequeñas agencias y distribuidores, en su mayoría empresas familiares, que llevan las bombonas de butano y propano hasta los hogares. Y lo hace de una forma particularmente injusta. Mientras el resto del transporte de mercancías cuenta desde abril con una herramienta para defenderse, el reparto de bombonas opera bajo un precio máximo regulado que le impide trasladar ese sobrecoste. Las agencias soportan la misma escalada que todos, pero son las únicas que no pueden compensarla, y asumen de su propio bolsillo un encarecimiento que pone en peligro la viabilidad de un servicio que prestan, en muchos casos, con apenas beneficio.

 

El problema se agrava en el medio rural. Las rutas que llegan a los pueblos pequeños y dispersos son las más largas y las menos rentables, pero también las más necesarias: en muchas de esas localidades el gas envasado es la única forma de calentar la casa, cocinar o tener agua caliente, y quienes más dependen de él suelen ser las personas más vulnerables —mayores que viven solos, familias con pocos recursos y vecinos sin acceso a gas canalizado—. Si el reparto deja de ser sostenible, son precisamente ellos los primeros en quedar desatendidos.

Y en el horizonte asoma ya un nuevo golpe: la entrada en vigor del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS2), que gravará el CO2 del transporte con un sobrecoste estimado en torno a 0,20 € por litro de gasóleo, otra carga más que la fórmula vigente no contempla.

Llamamiento a la acción

Y todo ello pese a que la razón jurídica ya está del lado del sector: el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a revisar los costes del reparto de butano —una revisión legalmente obligatoria que llevaba suspendida desde 2020— y a aprobar una nueva regulación ajustada a los costes reales, un requerimiento que hoy en día sigue sin respuesta efectiva.

Mientras ese mandato del Supremo sigue sin cumplirse, el Ministerio para la Transición Ecológica sí busca reformar el calendario de revisión del precio de la bombona, cuyo precio se actualiza mañana, pasando a actualizarse el día 15 de cada periodo en lugar del tercer martes del mes, con el objetivo declarado de acercar el precio final del producto a la evolución de las cotizaciones internacionales. Sin embargo, en lo que respecta al eslabón más débil: la retribución del reparto que realizan las agencias distribuidoras sigue sin actualizarse conforme a los costes reales.

Por todo ello, la FEDGLP reclama de nuevo a los diferentes actores públicos que actualicen sus medidas para hacer rentable una actividad regulada como es el reparto de bombonas, de modo que el precio refleje de forma realista lo que hoy cuesta comprar, transportar y distribuir el producto. Solo así podrá garantizarse que las bombonas sigan llegando, en condiciones dignas, a todos los rincones del país.

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