Las organizaciones de transportistas consideran un “golpe mortal” para el sector
la propuesta del Ministerio de Hacienda de expulsarles del régimen de módulos,
por lo que exigirán su mantenimiento a través de un tratamiento diferenciado.

Las asociaciones nacionales de transportistas en la reunión mantenida este miércoles en el Ministerio de Fomento han analizado el Anteproyecto de Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal elaborado por el Gobierno el pasado mes de Abril, y que se encuentra en la actualidad sometido a consulta de las organizaciones representativas.

Las asociaciones de transportistas han rechazado el encaje legal utilizado por el Gobierno para modificar el régimen fiscal de módulos, al incluirse en una Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, lo que implica considerar al conjunto del colectivo de transportistas como presuntos defraudadores, lo que se considera una humillación y un descrédito para el sector.

Las organizaciones de transportistas consideran adecuado que se persiga el fraude fiscal, para lo que la Agencia Tributaria ya dispone de instrumentos para controlar posibles actuaciones fraudulentas.

Pero ello, no puede servir de excusa para expulsar a todo un colectivo profesional, como el transporte, del régimen de módulos, especialmente en la actual coyuntura económica, ya que supondría “un golpe mortal” para el sector.

Además la propuesta de nueva regulación de exclusión del régimen de módulos establece importantes discriminaciones para el sector del transporte frente a los otros sectores afectados por dicha regulación.

Así, a diferencia de los empresarios autónomos de dichos sectores de la construcción, en los que la materia prima necesaria para desarrollar su actividad tiene un coste muy bajo, por lo que en la práctica les permitirá a muchos de ellos permanecer en el régimen de módulos, por el contrario en el caso del transporte de mercancías todos los empresarios autónomos se verán obligados a abandonar dicho régimen por cuanto ya sólo el coste anual que soportan por el precio actual del gasóleo supera los 50.000 euros, lo que hace imposible en la práctica que ningún transportista pueda continuar acogido a dicho régimen dado que su facturación anual supera dicha cantidad, aunque en la actualidad no obtengan apenas un beneficio empresarial. Así conforme al Observatorio de costes de explotación del transporte de mercancías por carretera que publica trimestralmente el Ministerio de Fomento, los costes totales de explotación del vehículo son 132.894,42 euros, de los cuales sólo la partida de gasóleo representa 51.054,92 euros.

Además a diferencia de los otros sectores de actividad que también están afectados por dicha medida, en la mayoría de los casos tienen un alto porcentaje de realización de servicios a particulares, esto es, no amparadas por la preceptiva factura por la contraprestación económica, lo que les permite fácilmente eludir el límite máximo de facturación anual (50.000 euros) que dará lugar a la exclusión de dicho régimen; por contra, en el sector del transporte por carretera, la práctica totalidad de los servicios de transporte se realizan a empresas (operadores logísticos, cargadores y otros intermediarios) por lo cual dichos servicios se encuentran amparados por la correspondiente facturación, por lo que no resulta posible eludir en ningún caso la exclusión de dicho régimen.

Asimismo, tampoco debe obviarse que el sector del transporte por carretera ya soporta una fiscalidad muy elevada por diferentes conceptos, especialmente en concepto de impuesto de hidrocarburos, lo que permite a la Hacienda pública española recaudar más de 11.400 millones de euros de nuestro sector (debemos recordar que los restantes modos de transporte, esto es, el transporte marítimo, aéreo y ferroviario teóricos competidores del sector del transporte de mercancías por carretera, gozan de una exención total del impuesto, es decir, no soportan impuesto alguno por este concepto).

Por todo ello, las asociaciones de transportistas van a exigir al Ministerio de Hacienda que se establezca un tratamiento diferenciado del régimen de exclusión de módulos para el sector del transporte que permita poder continuar acogido a los transportistas autónomos de menor dimensión, para no afectar traumáticamente la supervivencia del 80% del tejido empresarial del transporte español.

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