• La “caída” de los sistemas informáticos de la Dirección General de Transportes Terrestres, desde hace dos semanas, ha paralizado miles de expedientes administrativos en los Servicios Territoriales de Transporte relativos a altas de autorizaciones de transportes nacionales e internacionales, visados de tarjetas, certificados de conductores de terceros países y otros trámites lo que está afectando el normal desarrollo de la actividad diaria de los transportistas.
  • Las asociaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera exigen al Ministerio de Transporte que dicte una Instrucción normativa que garantice la exención de cualquier responsabilidad que se pudiera ocasionar a los transportistas por el retraso en la tramitación de sus expedientes.

 

Estas dos últimas semanas los sistemas informáticos de la Dirección General de Transportes Terrestres del MITMA han permanecidos parcialmente bloqueados, debido a una incidencia técnica motivada por la actualización de algunas de las aplicaciones telemáticas, afectando a la gestión de una gran parte de los trámites administrativos que diariamente tienen que realizar los transportistas, lo que ha paralizado miles de expedientes administrativos en los Servicios Territoriales de Transporte en toda España relativos a altas de autorizaciones de transportes nacionales e internacionales, visados de tarjetas, certificados de conductores de terceros países, así como la matriculación y transferencias de vehículos de transporte, entre otros trámites.

 

Esta situación está afectando al normal desarrollo de la actividad de las empresas transportistas, por lo que aún con la previsión sea subsanado completamente en próximas horas, el “atasco” de miles expedientes administrativos que se han venido acumulando todos estos días tardarán en ser resueltos y normalizarse su tramitación electrónica, lo que ha llevado a las asociaciones de transportistas que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera a exigir al Ministerio de Transportes información precisa al respecto y que dicte una Instrucción normativa dirigida a los Servicios de Gestión e Inspección de la Administración tanto central como autonómicas que garantice la exención de cualquier responsabilidad que se pudiera ocasionar a los transportistas por el retraso en la tramitación de sus expedientes debido a este fallo informático ajeno a su responsabilidad.

 

 

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