Miles de vehículos se encuentran aún en las campas sin poderse tramitar su baja para desguace por culpa de la burocracia impuesta por la Dirección General de Tráfico.

 

 

Los empresarios de auxilio en carretera ubicados en la zona de Valencia, especialmente en los municipios afectados por la riada acontecida a finales de octubre del año pasado, se encuentran ante una situación crítica. Miles de coches sin documentación se acumulan en sus campas. Han sido depositados en ellas por los servicios de emergencia, por el contingente de grúas de auxilio que colaboró con los servicios de emergencia, recogida y la UME, o por ellas mismas como empresas de la zona que han retirado vehículos siniestrados y anegados de las calles de sus municipios. El hecho es que miles de coches yacen en estos cementerios de chatarra sin que los propietarios de las campas puedan tocarlos y tramitar su baja administrativa puesto que desconocen quienes son sus dueños, y estos no han sido avisados aún de donde está su coche y en qué condiciones se encuentra.

 

Estas situaciones generan gastos para las empresas de auxilio titulares de las campas, así como invitan a su asalto, robo y pillaje, con los consiguientes perjuicios y miedo para quienes allí trabajan.

 

“Las compañías de seguros se han desentendido del tema” comenta uno de los empresarios de auxilio en carretera, que prefiere mantener su anonimato. Las aseguradoras o no han abonado nada por el depósito de los coches o se han limitado a cubrir 24 o 72h, y ya van más de 6 meses desde que los coches están en las campas.

 

Contactar con sus propietarios resulta imposible pues muchos coches no tienen papeles en su interior y la DGT, facilitándoles la matricula (cuando la tienen), no facilita los datos personales de sus titulares escudándose en sus protocolos de protección de datos, remitiéndose a los Ayuntamientos, los cuales tampoco facilitan las direcciones de los titulares de los vehículos amparándose en la misma normativa de protección de datos. Tampoco lo hacen las aseguradoras.

 

Así, a las empresas de auxilio les es imposible obtener la dirección del titular del coche para enviarle el preceptivo requerimiento de advertencia de que su coche está en una campa en concreto y que, si no se hace cargo del mismo o autoriza su baja, esta se tramitará por el titular de la campa para el posterior tratamiento como residuo del vehículo. Lo que está impidiendo desalojar las campas, con los perjuicios medioambientales y económicos de todo tipo que ello conlleva.

Los más complejos son los casos en los que el titular del vehículo ha fallecido y no solo se conoce su domicilio sino mucho menos el de sus posibles herederos para dirigirse a ellos.

 

La normativa de Tráfico impone la comunicación previa con el titular para poder proceder a la baja administrativa del vehículo, dando dos meses de plazo hasta el silencio positivo para ejecutar el tratamiento como residuo, en el que además han de cumplirse normativas medioambientales que son prácticamente imposibles en la actual situación de hacinamiento de vehículos, etc. Todo un drama y un despropósito que está pasando a un segundo plano y que están viviendo en primera persona los empresarios de auxilio, sus trabajadores y los vecinos de dichas campas. Mientras que los funcionarios responsables del asunto están desaparecidos de sus responsabilidades.

 

Triste balance seis meses después de la denominada DANA, que perpetúa sus calamitosos efectos en la zona afectada, olvidada por Gobiernos autonómico y nacional, y, los ayuntamientos. Además, por la DGT que, para muchos de los empresarios “ya solo funciona como un organismo recaudador y represor”.

Las empresas de auxilio en carretera están estudiando el asunto para elevar las responsabilidades correspondientes, incluso penales si procedieran, a quienes en cualquier administración con su burocracia y negativas impiden el tratamiento adecuado de miles de coches como residuos.

 

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