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  • Como aspecto más positivo destaca la labor tan entregada y sacrificada llevada a cabo por los transportistas durante el estado de alarma, lo que ha merecido el reconocimiento de la sociedad española y del resto del mundo.
  • Entre las cuestiones más negativas el trato recibido por parte de su clientes y empresas cargadoras así como la poca consideración y atención recibida por parte de las diferentes Administraciones Públicas, lo que ha originado un peligroso descontento en el sector.

 

Una vez concluida la declaración del estado de alarma, y consecuente confinamiento que ha vivido de forma inédita la población española en estos últimos tres meses, corresponde hacer un balance sobre el impacto que la crisis sanitaria ha tenido en le sector del transporte por carretera, así como la secuelas que dicha situación extraordinaria ha dejado.

 

Uno de los aspectos más positivos a destacar en estos casi 100 días de situación excepcional ha sido, sin duda, el trabajo tan entregado y sacrificado que han desarrollado los profesionales de la carretera, que una vez más han demostrado el carácter tan esencial de la actividad que diariamente desarrollan, pese a las enormes dificultades y riesgos a los que se han enfrentado. De hecho, como constató el Estudio epidemiológico sobre seroprevalencia llevado a cabo por el Gobierno a más de 60.000 personas en España constató que el colectivo profesional más infectado por el coronavirus fue el del transporte, por encima incluso del sanitario y otras profesiones de riesgo.

 

Esta labor tan extraordinaria ha sido objeto de reconocimiento por la población en general y por los diferentes políticos y mandatarios a nivel nacional e internacional. Así el propio Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado “el papel fundamental que los transportistas  han desempeñado para vencer al virus”, calificándolos de forma expresiva como “los soldados de a pie que nos llevarán a la victoria”.

 

Sin embargo este reconocimiento se ha visto empañado por la actitud mostrada por muchas empresas cargadoras durante la pandemia, en lo que se refiere al trato tan inhumano que les han dispensado en las plataformas logísticas y centros de carga de las mercancías, negándoles la posibilidad de acceder a los aseos y las áreas de manutención, e imponiéndoles la obligación de realizar las labores de carga y descarga sin ningún tipo de protección con el consiguiente riesgo de contagio. Además en materia de contratación, los transportistas han sufrido un importante desajuste económico por la falta de retornos con carga a sus lugares de origen y la reducción unilateral de las tarifas a percibir.

 

Asimismo la actuación de las diferentes Administraciones públicas, tanto estatal como territoriales ha dejado mucho que desear, ya que básicamente se ha limitado a  facilitarles que pudieran trabajar más horas diarias y el levantamiento de las restricciones a la circulación, pero no han atendido las medidas  que las organizaciones del sector han ido demandando para garantizar una mayor protección y seguridad, así como un tratamiento prioritario en determinados trámites técnicos y administrativos, ni tampoco las relativas a la aprobación de un Plan sectorial de medidas económicas para hacer frente a la actual situación de crisis. Y ello por no hablar de las trabas y dificultades que los transportistas se han encontrado por parte de algunas autoridades, que pese a tener reconocido su carácter de esencial, han sido sancionados por desarrollar su actividad. Sirva como ejemplo la sanción impuesta a un transportista mientras procedía a la limpieza y desinfección de su vehículo como exigían las autoridades sanitarias, imponiéndole una multa de 600 euros.

 

Todo ello ha creado un gran y peligroso malestar en el colectivo de transportistas españoles, por la poca consideración y atención por parte de los poderes públicos que han recibido durante estos meses, como lo evidencian los resultados de la Encuesta sobre el impacto del covid-19 en los conductores profesionales que FENADISMER realizó conjuntamente con al Universidad de Valencia y la Fundación Española de Seguridad Vial, en  que rebelaba, entre otros datos llamativos, que casi el 80% de los conductores profesionales considera que las Administraciones Públicas no les han prestado la ayuda que era de esperar. Ello exige que el Gobierno atienda de manera urgente las principales reivindicaciones planteadas por las asociaciones de transportistas para paliar esta situación, que evite que ese descontento generalizado se pueda transformar a corto plazo en movilizaciones en el sector del transporte por carretera.

 

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