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  • Sólo en Diciembre de 2019 el número de empresas del sector de la construcción en situación de concurso de acreedores aumentó en casi un 23 % respecto del año anterior.

 

  • Entre los principales perjudicados se encuentran los subcontratistas y transportistas que trabajan en dicho sector de actividad, a los que llegan adeudárseles hasta 2 millones de euros en cada obra por los servicios prestados, ocasionando una importante indefensión y la ruina de miles de pequeñas empresas.

FENADISMER viene analizando con preocupación la situación que se está produciendo en el sector de la construcción en los últimos meses, ante el brutal crecimiento en el número de empresas constructoras en situación de concurso de acreedores ( la antiguamente denominada suspensión de pagos) que está amenazando la viabilidad de miles de autónomos y pequeñas empresas transportistas y subcontratistas que operan en este subsector de actividad.

 

Así, en el estudio publicado este mes de Enero por la consultora INFORMA relativo a los concursos y disoluciones correspondientes al año 2019 en los diferentes sectores de la actividad, se constata que el sector de la construcción ha sido uno de los que más han concentrado suspensiones de pago durante el año pasado, en concreto, el 20´50% del total, siendo especialmente significativo el aumento experimentado en Diciembre de 2019 en relación al año anterior, en concreto un 22´58%, lo que hace presagiar una situación altamente preocupante, que pudiera ser indiciaria de encontrarnos ante una nueva crisis en el sector de la construcción de no adoptarse medidas de estímulo y reactivación en los próximos meses.

 

De hecho, según denuncia la Asociación de Excavadores y Transportistas de la Construcción de la Comunidad de Madrid, Amaexco, federada en FENADISMER, en los últimos meses se están produciendo “cascadas de suspensiones de pagos por parte de las empresas constructoras, en muchos casos con el visto bueno de las grandes promotoras”, originando una situación de absoluta indefensión a las más de 2500 pequeñas empresas que trabajan en este sector sólo en dicha región, con deudas impagadas que en algunos casos superan los 2 millones de euros.

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