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  • A diferencia de la anterior norma foral aprobada en 2016, el nuevo proyecto de regulación de los peajes a camiones en Guipúzcoa no cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos.
  • PP y EH Bildu presentan una enmienda a la totalidad del nuevo proyecto que la Diputación tramita por vía de urgencia para intentar su aprobación el próximo mes de Noviembre.

 

Como se recordará, el pasado mes de Abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y A-15 puesto en marcha en Enero por la Diputación Foral de Guipúzcoa, y que afecta a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan por ambas vías, afectando principalmente a los transportistas de larga distancia que las utilizan como tránsito obligado hacia el resto de Europa.

 

Pese a ser declarado ilegal el citado peaje, por su carácter discriminatorio, la Diputación de Guipúzcoa ha decidido mantenerlo vigente todo este tiempo hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de casación interpuesto tanto por el propio Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa, para de este modo mantener los ingresos millonarios que mensualmente recauda de los transportistas, aún con el riesgo de tener que devolverlo en caso de que el Tribunal Supremo finalmente ratifique la nulidad del peaje.

 

Pese a la “confianza” inicial manifestada por la propia Diputación guipuzcoana sobre la legalidad de la medida aprobada en su día, sin embargo, parece que el temor a un posible revés judicial por parte del Tribunal Supremo ha llevado a la Diputación de Guipúzcoa a promover un proyecto de modificación de la vigente regulación del peaje, que está tramitando por vía urgente de forma sorprendente, a fin de garantizar que en el caso de que el fallo fuera finalmente desestimatorio a sus intereses, puedan mantener la “pervivencia” del sistema de cobro a los transportistas que transiten por ambas vías.

 

Así, la nueva reforma exprés que ha elaborado la Diputación de Guipúzcoa pasa por establecer dos nuevos pórticos de control de pago del peaje (en Astigarraga y en Andoaín) y ampliando el tramo sujeto al canon, para tratar de esta forma de camuflar el carácter discriminatorio de la actual regulación del peaje.

 

Sin embargo, el apoyo político unánime que consiguió la norma foral aprobada en 2016 por la que se establecían los peajes a camiones en ambas carreteras, se habría roto en esta ocasión, ya que tanto el Partido Popular como EH Bildu han defendido este miércoles 10 de Octubre, durante la tramitación del nuevo proyecto de norma foral en las Juntas Generales de Guipúzcoa, sendas Enmiendas a la totalidad solicitando la devolución del mismo a la Diputación Foral.

 

Pese a ello, el Gobierno foral, sustentado por PNV y PSE, parece decidido a aprobarlo el mes próximo con la intención de ponerlo en marcha a principios de 2019, sin esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo.

 

Por ello, FENADISMER insiste en que el nuevo proyecto legal supone una falta absoluta de respeto a nuestro sistema judicial, al pretender sortear las decisiones del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo mediante la aprobación de una nueva regulación con el objetivo de que dichas sentencias no tengan efecto práctico en el actual sistema de peaje a camiones, lo que se considera una auténtica “burla” tanto a la propia justicia como al colectivo de transportistas guipuzcoanos y del resto de España afectados por la voracidad recaudatoria de la Diputación guipuzcoana.

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