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  • Pese a la confianza que viene manifestando públicamente la Diputación de Guipúzcoa en la legalidad de las Normas Forales que aprobaron los peajes a camiones, en las últimas semanas está llevando diferentes estrategias judiciales a la desesperada para tratar de salvarlo de su ilegalidad declarada por dos veces por el Tribunal Superior del País Vasco.
  • El último “malabarismo judicial” planteado ahora ante el Tribunal Supremo es cuestionar la competencia de dicho Tribunal, para tratar de evitar que la norma pueda ser impugnada, aunque ello no borraría su carácter discriminatorio.

 

Si algo debe caracterizar a los gobernantes, además de su honradez en la gestión de lo público, no es la de ser infalible, ya que como cualquier ciudadano tienen derecho a cometer errores, sino tener la humildad de reconocer que en ocasiones se equivocan y que están dispuestos a corregirlos.

 

Sin embargo, desafortunadamente en algunos dirigentes políticos el verbo rectificar no forma parte de su diccionario habitual, pese al dicho de que rectificar es de sabios, sino que se ofuscan de forma irracional en sus errores, aún con el riesgo de que dicha obcecación ocasione mayores perjuicios a las instituciones que dirigen. Tal es el caso de la Diputación de Guipúzcoa, representada por su Diputada de Infraestructuras, Dª Aintzane Oiarbide, que pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado ya por dos veces su peaje a camiones por ser discriminatorio, se obstinan en mantenerlo contra viento y marea pese a las consecuencias económicas que puede representar para las arcas forales en el caso de que finalmente el Tribunal Supremo confirme los fallos judiciales y tengan que devolver los aproximadamente 30 millones de euros recaudados hasta la fecha a los transportistas españoles y del resto de la Unión Europea que transitan por territorio guipuzcoano.

 

Así, en su estrategia de mal perdedor, a los pocos días de que se hiciera pública la segunda sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en Enero de 2018, y que a día de hoy sigue cobrándose, la Diputada Foral de Infraestructuras amenazó con el “farol” de elevar el rango de ley la norma reguladora del peaje, a fin de blindarla de posibles recursos por parte de los afectados por dicha medida ya que, conforme al sistema constitucional vigente en nuestro país, las leyes no pueden ser recurridas directamente por los ciudadanos, sino por sus representantes parlamentarios o el Defensor del Pueblo. Así, sin ningún tipo de pudor, la Diputada Foral señaló hace unos días, en una comparecencia ante las Juntas Generales, manifestó lo siguiente. “Hoy en día cualquiera puede recurrir una norma foral ante el TSJPV por el contencioso administrativo y esto hace que dichas normas sean vulnerables. Por ello, es necesario aprobar una ley orgánica que blinde estas normas, ya que, de llevarse a cabo este procedimiento, solo cabe recurrir ante el Tribunal Constitucional, algo que dota de mayor seguridad jurídica a las normas forales”.

 

Sorprende esa actitud tan poco democrática de alguien que viene defendiendo desde el principio la absoluta legalidad de la Norma Foral y su “confianza” manifestada reiteradamente de que la justicia le dará la razón. Pero este mensaje de aparente tranquilidad que transmite de cara a la galería contrasta con las diferentes actuaciones que últimamente viene llevando para tratar de “salvar” un proyecto en el que se ha implicado personalmente y que por su “orgullo personal” no está dispuesta a modificar aún a riesgo de ocasionar un gran agujero económico a las arcas provinciales.

 

Así el último movimiento hasta el momento que ha llevado a cabo la Diputación de Guipúzcoa ante el Tribunal Supremo es el “malabarismo judicial”, planteado la semana pasada en el trámite del recurso de casación planteado en su día por dicha institución contra la primera sentencia en contra, por el que pretende declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para conocer de la Norma Foral que estableció los peajes a camiones, bajo el peregrino argumento de que consideran ahora que la norma tenía carácter tributario, como si de un impuesto más se tratara, pese a que fue tramitada por la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Guipúzcoa y no la Comisión de Hacienda, y que además su cobro y gestión no lo hace una Administración sino que lo lleva a cabo una empresa privada de capital público, como es Bidegi, aplicándose el IVA correspondiente como cualquier otro peaje en el resto de España.

 

Sorprende una vez más esta nueva estrategia judicial ahora planteada, dos años después de haber presentado su recurso de casación sin que en aquel momento hubiera cuestionado la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en un intento “a la desesperada” de tratar de sortear que la justicia pueda valorar la legalidad de dicha norma, ya que si la Norma Foral se considerara de contenido tributario sólo podría ser analizada por el Tribunal Constitucional, impidiendo a los afectados poder impugnarla.

 

Sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo sobre este incidente planteado por parte de la Diputación de Guipúzcoa casi al final del partido, ya que se estima que el Tribunal Supremo falle sobre el recurso de casación planteado previsiblemente a finales de este año o principios del que viene, en todo caso FENADISMER recuerda que el fondo de la Norma ya ha sido analizado por dos veces por un Tribunal Superior y por dos veces lo ha declarado ilegal por nada menos que por vulnerar un principio tan fundamental, como es el de no discriminación, por lo que cualquier artimaña legal que pretenda llevarse a cabo para sortear dicho pronunciamiento reiterado tan contundente no va a poder “borrar” su carácter discriminatorio, por mucho que algunos pretendan ignorarlo.

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