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  • Las organizaciones apuestan por potenciar el transporte público de mercancías y viajeros y por el mantenimiento de una política no discriminatoria de las energías actualmente en funcionamiento.

 

  • Asimismo consideran que la transición energética debe llevarse a cabo de forma eficiente y ordenada, con plazos suficientes para realizar las inversiones y sobre el principio de neutralidad tecnológica.

Este miércoles 20 de Noviembre con ocasión del II Foro Corell sobre Energía para una nueva movilidad celebrado en Madrid, en el que se ha abordado todos los aspectos de producción y consumo relativos a la Transición Energética para el sector del transporte por carretera, que ha contado con la colaboración de FENADISMER y otras entidades relacionadas con el sector, se ha procedido a la presentación pública de la Declaración conjunta suscrita por diferentes organizaciones empresariales de transporte de mercancías y viajeros por carretera a favor de la movilidad sostenible.

 

En dicha Declaración, las organizaciones firmantes manifiestan su voluntad de cumplir con los objetivos  de desarrollo sostenible inspirados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Asimismo consideran que la movilidad tanto de mercancías como de viajeros no debe restringirse, ni vulnerar la libre y ordenada competencia en el reparto por modos de transporte y que asimismo la transición hacia una movilidad sostenible se haga de manera eficiente y ordenada, con plazos suficientes y basada en el principio de neutralidad tecnológica.

 

Por ello, las organizaciones firmantes instan a las Administraciones Públicas a adoptar medidas positivas que mantengan una política de actuación no discriminatoria sobre las tecnologías disponibles y existentes en el mercado, potenciando el transporte público de mercancías y de viajeros así como aplicando una correcta gestión de la fiscalidad para afianzar la cohesión social y territorial.

 

Se reproduce a continuación el texto completo de la Declaración conjunta:

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE TRANSPORTE POR CARRETERA DE PERSONAS Y MERCANCIAS A FAVOR DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

 

Las Organizaciones firmantes de la presente declaración, ASTIC, CONFEBUS, FENADISMER, FITRANS y UOTC, representan a la práctica totalidad de las Empresas de transporte de mercancías y viajeros por carretera, cuya actividad supone el 5,5 % del PIB español, proporcionan quinientos setenta mil puestos de trabajo directos, desarrollan el 97% del transporte de mercancías, el 53% de la movilidad colectiva de personas y cuentan con 340.000 vehículos dedicados a la distribución de mercancías y 63.000 dedicados al transporte de pasajeros.

 

MANIFIESTAN

 

Su firme voluntad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible inspirados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y muy especialmente:

 

– Objetivo 3: Avanzar hacia una transición energética favorable para el medio ambiente, para garantizar una vida saludable y promover el bienestar de la ciudadanía en todas sus edades, reduciendo nuestra huella de carbono y nuestra repercusión sobre el medio ambiente.

 

– Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todos, en aras de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional por nuestro país.

 

– Objetivo 9: Apoyar el desarrollo de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación, con el objetivo de influir positivamente en los cambios que se sucederán en los próximos años en materia de las tecnologías energéticas.

 

CONSIDERAN

 

– Que la movilidad de personas y mercancías es un derecho que no se debe restringir, sacrificar ni comprometer para no perjudicar la cohesión territorial y el desarrollo armónico y la prosperidad de las sociedades.

 

– Que es vital contar con sistemas e infraestructuras de transporte eficaces y eficientes para el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida diaria de la población, incluyendo en ello un tejido empresarial capaz de enfrentar los retos medioambientales, tecnológicos y competitivos en un contexto global.

 

– Que ninguna iniciativa y medida amparada en la necesaria transición energética se debe utilizar para vulnerar la libre y ordenada competencia y suponer distorsiones no justificadas en el reparto y competencia modal ni en la competitividad de nuestra economía.

– Que la transición hacia un modelo de movilidad sostenible y de bajas emisiones en el transporte debe permitir que los operadores alcancen los objetivos de la forma más eficiente y ordenada posible, con plazos suficientes para adoptar sus decisiones de inversión, y se desarrollen normativas de carácter armonizador que contemplen soluciones homogéneas donde prevalezca el principio de neutralidad tecnológica para la adopción de políticas y medidas destinadas a la movilidad sostenible.

 

– Que las estrategias en materia de movilidad y otras iniciativas de interés que afecten a la misma deben buscar la unidad de mercado , estar coordinadas a todos los niveles y consensuadas con los agentes sociales, diseñarse con calendarios realistas y asumibles y tras haber realizado previamente estudios de impacto que las avalen, contando siempre con el pertinente estudio coste/beneficio que pueda ser entendido y evaluado por la sociedad en general y por el sector y sus representantes en particular.

 

– Que el esfuerzo a realizar en la transición energética debe ser compartido por todos los agentes que hacen posible nuestro actual modelo de sociedad sin ningún tipo de discriminación fiscal o regulatoria por razones de conveniencia política o de reparto modal.

 

– Que se debe rechazar cualquier cálculo incorrecto o interesado de “costes no internalizados“ cuya finalidad sea conseguir incrementos recaudatorios o distorsionar la competencia modal favoreciendo a unos modos con respecto a otros.

 

Por todo lo expuesto apoyamos:

 

Las medidas positivas de toda índole que persigan de una forma razonable y sostenible, social y económicamente, el cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados y muy especialmente:

 

– Al mantenimiento de una política de actuación no discriminatoria que, sobre la base de las mejores tecnologías disponibles y existentes en el mercado, permita avanzar en el logro de los objetivos marcados, sin menoscabo de modelos y técnicas de suministro de medios y energías actualmente en funcionamiento y que ayudan a cumplir dichos objetivos.

 

– A la potenciación y promoción del uso del transporte público de personas y mercancías por carretera y a la intermodalidad como alternativa real a la hora de abordar los retos medioambientales a través de medidas y acciones que incentiven un transporte eficiente y sostenible.

 

A dedicar la totalidad de los recursos que las Administraciones puedan generar justificándolos precisamente en la necesidad de reducir la huella de carbono a la mejora del medioambiente a través de inversiones en el diseño y ejecución de las infraestructuras que mejoren la calidad y densidad de la red viaria, así como al uso de energías más limpias y a la concienciación de la Sociedad.

 

A respaldar una correcta gestión de la fiscalidad para afianzar la cohesión social y territorial, así como el desarrollo de la industria, el turismo y el comercio doméstico e internacional.

 

A impulsar las ayudas públicas o privadas destinadas a la renovación de flotas y elementos que contribuyan a mejorar el medio ambiente a través de la reducción de sus emisiones sin discriminación por tipo de propulsión, siempre y cuando cumplan las normativas en vigor en cada momento y muy especialmente la normativa EURO.

 

Desde el sector del transporte profesional por carretera de personas y mercancías ofrecemos a las Administraciones Públicas nuestra leal cooperación y firme compromiso con cuantas iniciativas sean necesarias para garantizar un crecimiento económico sostenible, empleo de calidad, la transformación del modelo energético y tecnológico, la mejora del medioambiente y el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por el Gobierno de España.

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