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Fenadismer advierte que la retirada del carne de conducir a los transportistas vulnera el derecho al trabajo previsto en la Constitúción Española

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), organización de ámbito nacional que agrupa a 30.000 empresas de transporte por carretera, ha transmitido al Ministro de Interior su rechazo al proyecto de retirada del permiso de conducir anunciado en el día de ayer, sino se establece un régimen diferenciado para los profesionales del transporte por carretera.

Los motivos fundamentales para oponernos a dicho proyecto son los siguientes:

1. Supone una discriminación para los conductores profesionales que se ven perjudicados al ser mayor catálogo de infracciones en que pueden incurrir y porque al acumular a su actividad de conducción profesional la relativa a su conducción como particular, la acumulación de posibles infracciones es porcentualmente mayor que las de un conductor particular.
2. La aplicación de dicha norma causaría perjuicios o imposible reparación, ya que la retirada definitiva del permiso de conducir privaría a los conductores profesionales del legítimo derecho al Constitución Española, así como del medio de vida del que dependen sus familias, con el añadido de que durante dicha suspensión en la mayoría de los casos tengan que seguir haciendo frente a los créditos concedidos para el pago del camión y del autobús.
3. El proyecto podría implicar conceder a la Administración un poder sancionador superior al otorgado a los Jueces y Magistrados en el Código Penal, con la agravante de que si bien en este último caso las penas sólo se imponen tras el correspondiente juicio penal respetando el principio de derecho a la defensa y en virtud de sentencia judicial firme, en el caso de retirada del permiso de conducir por parte de la Administración podría ser luego anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa sin que fuera posible reparar el perjuicio ocasionado al conductor privado de su permiso de conducir
4. En la actualidad se carece de un Registro Único en el que se reflejen todas las infracciones impuestas por los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas con competencias en tráfico y la propia Dirección General de Tráfico, lo que podría suponer una discriminación para los conductores en función de su lugar de residencia

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