Caos en el sector de la subcontratación y transporte de construcción por la nueva regulación del IVA introducida en la ley de lucha contra el fraude fiscal.

Las constructoras están reteniendo los pagos y obligando a los subcontratistas y transportistas a rehacer todas las facturas exentas de IVA por los servicios prestados.

La nueva Ley 7/2012 de modificación de la normativa tributaria y de lucha contra el fraude fiscal, que se publicó en el BOE el pasado 30 de Octubre, está ocasionando un auténtico caos en el sector de la subcontratación y transporte de construcción como consecuencia de la modificación introducida en la ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante la cual se establece que estarán exentas de IVA todas las facturas relativas a servicios de ejecuciones de obras, lleven o no aparejada la aportación de materiales, y que tenga por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o la rehabilitación de edificaciones, aplicándose dicho régimen de exención del IVA tanto al contratista principal como a cualesquiera de los subcontratistas.

Como consecuencia de dicha modificación legal, las empresas constructoras están comunicando a sus proveedores (subcontratistas y transportistas de la construcción) que “ante el desconcierto que la nueva ley ha generado” y “la falta de clarificación por parte de la Administración” se han visto obligados temporalmente a paralizar cualquier tramitación de facturas así como los pagos correspondientes a las mismas de fechas anteriores al 31 de Octubre de 2012.

Asimismo los subcontratistas y transportistas de la construcción que no hayan terminado su trabajo para la constructora antes del 30 de Octubre, y ya hubieran emitido facturas con anterioridad a dicha fecha, deberán proceder a realizar facturas rectificadas anulando el IVA repercutido en su día y devolviendo el IVA cobrado a la empresa constructora.

Ante dicha confusión y abuso, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) ha solicitado al Ministerio de Hacienda que dicte con carácter urgente una resolución interpretativa para que aclare el alcance de dicha reforma legal así como la legalidad de las nuevas exigencias que las empresas constructoras están imponiendo a los subcontratistas y transportistas de la construcción sobre rectificación de facturas y retención de pagos.

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