• Transcurridos dos meses desde que la Diputación Foral de Guipúzcoa y de Vizcaya pusieran en marcha en sus respectivos territorios nuevos peajes a camiones, esta sábado se celebra una Asamblea abierta en la localidad de Eibar a la que están convocados transportistas tanto vascos como de las regiones limítrofes para estudiar posibles actuaciones.
  • Sorprendentemente las empresas públicas que gestionan los peajes llevan dos meses sin emitir la factura a los transportistas pese a que lleva cobrándolo desde el primer día.

 

El hartazgo a que se ven sometidos los transportistas por la voracidad recaudatoria de algunas Administraciones territoriales, como es el caso de las Diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa que el pasado mes de enero pusieron en vigor peajes a camiones en su red viaria, en el caso de Guipúzcoa por tercera vez tras haber sido tumbados por dos ocasiones por la justicia, ha llevado a los transportistas a convocar una Asamblea abierta este sábado 18 de Marzo en la sede del Centro de Formación Profesional Uni Eibar-Ermua situado en el límite entre ambas provincias.

 

En dicha Asamblea, a la que asistirán transportistas tanto del País Vasco como de otras regiones limítrofes también afectadas por los nuevos peajes, como es el caso de los transportistas navarros y cántabros, se debatirán y acordarán las actuaciones a llevar a cabo contra dichos peajes, sin descartar posibles movilizaciones.

 

En este sentido, según ha podio saber FENADISMER, los transportistas usuarios de las vías sujetas a dichos peajes no estarían recibiendo sorprendentemente las facturas correspondientes a los meses de Enero y Febrero, pese a que las empresas públicas que lo gestionan llevan cobrándolo desde el primer día, lo que estaría dificultando que los transportistas pudieran tener una dimensión real del fuerte impacto económico que dichos peajes va a suponer mensualmente en su actividad económica, que en algunos casos podría superar los 1000 euros mensuales por cada camión, algo totalmente inasumible en las actuales circunstancias económicas que atraviesa el sector del transporte por carretera como consecuencia del encarecimiento de los combustibles y de los otros costes necesarios para el desarrollo de su actividad.

 

 

 

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